Golpes de Estado y poder militar (1944-1979)

Golpes de Estado y poder militar (1944-1979)

En 1944, la renuncia y el exilio de Her­nández Martínez parecieron dar paso a una nueva fase de la vida política salvadoreña, atravesada por continuos golpes de Estado y luchas partidarias por el poder. Este período coincidió con el despertar del pro­tagonismo económico de la burguesía industrial, frustrado dramáticamen­te por causa del fracaso del proyecto sustitutivo de importaciones en que acabó el Mercado Co­mún Centroamericano (Mercomun). El proyec­to se quebró definitivamente en 1969 con el estallido de la guerra entre El Salvador y Honduras.

El movimiento popular —protagonista fundamental de la huelga de brazos caídos y la subse­cuente salida del dictador— se aglutinó en tor­no a la figura del líder carismático Arturo Ro­mero y su Partido Unión Democrática (PUD). El movimiento expresaba a la sazón las ansias democratizadoras de los sectores medios y po­pulares y acudió al proceso electoral convocado por la Junta de Gobierno que reemplazó al ge­neral Hernández Martínez. Por su parte, los sectores de poder económico y los grupos sociales más conservadores se aglutinaron en torno al Partido Agrario (PA). En estas circunstancias, el Partido Comunista de El Salvador (PCS), principal impulsor del levantamiento campesino de 1932, no tenía mucho que ofrecer, dada su debilidad organizativa y la escasa base social de que disponía.

 El golpe de Estado de 1944

Parecían haber quedado despejados los últimos obstáculos para la instau­ración de un régimen de­mocrático, pero, a la caí­da de la dictadura del general Hernández Mar­tínez, la fuerza del movi­miento popular había crecido tanto que los grupos de poder econó­mico —en especial los vinculados a la producción de café— se aliaron con un grupo de militares y dieron un golpe de Estado con el propósito de desarticular la or­ganización popular. La Junta de Gobierno, en­cabezada por el general Andrés Ignacio Me- néndez, se empeñó en lograr una transición pacífica hacia un régimen democrático. Las condiciones económicas eran en ese momento bastante favorables y el principal obstáculo, que

a la postre resultó insuperable, fue el obstruc­cionismo de aquellos grupos de poder y de los militares, decididamente opuestos a la instau­ración de un régimen democrático.

El 21 de octubre de 1944 un grupo de mili­tares comandado por el director general de la Policía Nacional (PN), coronel Osmín Aguirre y Salinas, se hizo con el poder: Menéndez fue obligado a renunciar y los miembros de la Asamblea Legislativa fueron convocados al cuartel El Zapote para presenciar la instaura­ción de Aguirre como presidente provisional. Se inauguraba así una modalidad de «juego electoral» en el que la oposición política carecía de posibilidades reales de acceso al poder, ya que el partido en el gobierno utilizaría los recursos del Estado para asegurar el triun­fo del candidato ofi­cial (por lo general un militar), quien, a su vez, sería el candidato de la oligarquía.

Aguirre y Salinas trató de controlar a los grupos opositores, que tenían por princi­pales figuras a Miguel Tomás Molina y Ar­turo Romero, quienes dieron vida al «rome- rismo», un movimien­to de lucha por las li­bertades cívicas que aglutinó a los grupos opositores al militarismo más relevantes. Ade­más, Aguirre y Salinas hizo todo para controlar al movimiento sindical nucleado en la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). En diciem­bre de 1944 aplastó una revuelta en el barrio San Miguelito y repelió una invasión lanzada por la oposición desde Guatemala. Después de gobernar con mano dura durante casi cinco

meses convocó a elecciones presidenciales, ase­gurándose la victoria del candidato de la élite cafetalera, el general Salvador Castañeda Cas­tro. Tal como estaba previsto éste asumió la presidencia el 1 de marzo de 1945.

La junta de Gobierno Encabezada por el General Andres Ignacio Melendez  trunco las perpectivas democratizadoras abiertas por la caida de Hernadez Martínez Durante su mandato, Sin embargo puso su voluntad al servicio de una apertura democratica de regimen.

La «Revolución de 1948»

 

La sucesión de Castañeda Castro dio lugar en 1948 a una nueva crisis política. Comoquiera que Castañeda pretendía ser reelecto, generó malestar e inconformidad en las filas del ejérci­to, en sectores importantes de la burguesía in­dustrial con una visión desarrollista y en los sectores populares que exigían reformas demo­cráticas. El proceso trajo como resultado la lla­mada «Revolución de 1948», la cual dio lugar a la formación de un Consejo de Gobierno Re­volucionario cuya finalidad declarada era res­taurar la institucionalidad perturbada por Cas­tañeda Castro. Ese organismo, de carácter provisional, preparó unas elecciones en las que salió electo, en septiembre de 1950, el coronel Oscar Osorio, candidato del nuevo partido ofi­cial, Partido Revolucionario de Unificación Democrática (PRUD).

Con Osorio no sólo comenzó el auge de la producción algodonera. El nuevo presidente se esforzó por hacer del aparato estatal el promo­tor del crecimiento, lo cual quedó plasmado y legitimado en la Constitución de 1950 en la que se justifica el nuevo papel interventor del Estado. Influido por la constitución mexicana de 1917, el texto constitucional de 1950 pres­cribe lo siguiente: a) un intervencionismo esta­tal orientado a asegurar a todos los habitantes de El Salvador una existencia digna de un ser humano; b) garantizar la propiedad privada en función social; c) restringir la libertad econó­mica en aquello que se oponga al interés social; y e) regular con carácter tutelar las relaciones entre el capital y el trabajo. En este último punto establece, entre otras cosas, la limitación de la jornada laboral, la asociación sindical, la contratación colectiva y el salario mínimo.

Reinstaurando el régimen dicta­torial, el coronel Osmín Aguirre y Salinas, director general de la Policía Nacional, desbancó a Menéndez y se eri­gió en presidente provisorio hasta la proclamación de Salvador Cas­tañeda Castro, cuatro meses más tarde.

 

Los golpes de 1960 y 1961

 

En los comicios presidenciales de 1956 Osorio fue sustituido por el candidato del PRUD, co­ronel José María Lemus. El gobierno de Le- mus se inició con una profundización de las reformas emprendidas por su antecesor, llegan­do incluso a permitir el regreso al país de todos los exiliados y prometiendo el respeto a los de­rechos individuales y colectivos. Una muestra de su disposición a cumplir con sus compromi­sos fue la derogación de la Ley de Defensa del Orden Democrático y Constitucional, que te­nía aspectos claramente antidemocráticos. La relativa tolerancia mostrada por el régimen de Lemus estimuló la actividad organizativa sin­dical y política, a lo cual se sumó tanto el im­pacto de la revolución cubana en el ámbito universitario como el empeoramiento de la si­tuación económica asociada al ciclo depresivo que en ese momento afectaba al mercado inter­nacional de café.

Ante las movilizaciones de los sindicatos, es­tudiantes y diversos sectores de la clase media, el gobierno de Lemus endureció sus posturas; disolvió por la fuerza las concentraciones po­pulares, asaltó la Universidad Nacional y decretó el estado de sitio. En este marco emergió el Frente Nacional de Orientación Cívica, for­mado por partidos políticos de centro y de iz­quierda, asociaciones estudiantiles y sindicatos, que preparó y ejecutó el golpe de Estado del 26 de octubre de 1960. En este golpe participaron diversos sectores de la vida nacional, desde los incluidos en el Frente Nacional de Orientación Cívica, hasta los modernizantes de las élites.

Tras el triunfo del movimiento golpista se instaló una Junta de Gobierno formada por tres civiles y tres militares que se mantuvo en el poder hasta el 6 de febrero de 1961. Las pre­tensiones del nuevo gobierno eran «restablecer la legalidad y promover un proceso democráti­co y constitucional que desembocaría en un evento electoral libre». Pero el proyecto se frus­tró el 6 de febrero de 1961 al ser derrocada la Junta: un nuevo golpe de Estado desembocó en la instauración de un Directorio Militar. Estu­vo este directorio fuertemente influido por Es­tados Unidos y pronto puso manos a la obra en una serie de reformas económicas y sociales ta­les como la nacionalización del Banco Central de Reserva (BCR), la promulgación de leyes favorables a los campesinos y la rebaja en los alquileres de las viviendas populares, medidas todas ellas que encajaban en el esquema auspi­ciado por Estados Unidos para neutralizar la influencia de la revolución cubana en el conti­nente americano.

A través de un proceso electoral, en 1962 el Directorio Militar dio paso al candidato del Partido de Conciliación Nacional (PCN, fun­dado en septiembre de 1961), coronel Julio Adalberto Rivera, quien hizo de la proclama del 6 de febrero de 1962 su programa de go­bierno. Rivera fue relevado del cargo en 1967, tras permanecer cinco años en el ejercicio del poder. Le sucedió el general Fidel Sánchez Hernández, que gobernó hasta 1972. En las elecciones de ese año triunfó el coronel Arturo Armando Molina, quien tras expirar su man­dato en el ejecutivo, en 1977 dejó el poder en manos del general Carlos Humberto Romero. El ambiente sociopolítico de la época era su­mamente violento y el gobierno de Romero se vio abruptamente interrumpido el 15 de octu­bre de 1979 cuando un grupo de militares jóvenes, encabezados por los coroneles Amoldo Majano y Jaime Abdul Gutiérrez, promovieron un golpe de Estado e instalaron una Junta Re­volucionaria de Gobierno.Fue éste el último de la larga serie de golpes de Estado que signaron la vida política de El Salvador durante el siglo XX. La coyuntura abierta después de octubre de 1979 fue cualita

tivamente distinta a las anteriores: se cerró una fase de la historia política del país y se abrió otra marcada por la emergencia del Frente Fa- rabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) como principal polo opositor y por el estallido de una guerra civil en la que se con­frontaron el proyecto insurgente y el proyecto gubernamental.

El Consejo de Go­bierno Revolucio­nario protagoni­zó el movimiento reformista que en 1948 depuso a Castañeda Cas­tro. De izquierda a derecha, cuatro miembros de aquel consejo: el doctor, Rey- naldo Galindo Pohl, el mayor Óscar A. Bolaños, el doctor Hum­berto Costa y el coronel Óscar Osorio. Éste sería elegido presiden­te en 1950.

El poder militar

En 1948 los militares salvadoreños intentaron impulsar un nuevo modelo de dominación po­lítica y económica basado en una combinación de reformas socioeconómicas, la moderniza­ción estatal y el uso discrecional de la coacción. Sin embargo ese modelo sufría de una debili­dad fundamental. Sé basaba en el convenci­miento de que el café tenía una importancia primordial y que debía evitarse que la actividad del sector cafetalero se viese afectada por cual­quier reforma que pudiera alterar el precario equilibrio de un país con muy poco territorio, una economía emergente y una población que crecía con gran rapidez. Los militares no caye­ron en la cuenta de que la operación del sector cafetalero no estaba indisolublemente ligada a los sectores de poder económico por una espe­cie de hechizo histórico irrompible.

Desde 1948 hasta 1979 los militares fueron incapaces de comprender que las necesidades sociales, políticas y económicas del país no se agotaban con las reformas estructurales, sino que requerían también de una apertura política que sólo podía hacerse efectiva con el apoyo del estamento militar. No fueron capaces de valo­rar adecuadamente el poder político y econó­mico de los grupos productores y exportadores de café, a partir del cual éstos podían impedir cualquier tipo de reforma.

Los militares pudieron haber jugado un pa­pel crucial en este proceso, tal y como lo hicie­ron en otros países de América Latina, pero en El Salvador no lo llevaron a cabo. En cambio, durante las tres décadas siguientes controlaronla sociedad sin llegar a dominarla por comple­to.

No lograron convertirse en el verdadero conductor nacional que reemplazase a la oli­garquía tradicional. Perdieron varias oportuni­dades de formar coaliciones con otros sectores importantes y dinámicos, a la vez que impidie­ron que fueran otros quienes las formasen. La pretensión de los militares de propiciar una cierta industrialización, así como una le­gislación que protegiera mínimamente los de­rechos de los trabajadores —el reformismo mi­litar— dejó intacta a la sociedad salvadoreña. Los cambios ocurridos no fueron planeados y, en la mayoría de los casos, ni siquiera previstos. Los gobiernos militares no fueron oligárquicos, aunque a la postre resultaron beneficiosos para la oligarquía. Se trató en todos los casos de dic­taduras que nunca permitieron prosperar a las instituciones republicanas, ni siquiera que ope­rasen durante algún tiempo. Su legado históri­co ha sido, entre otros, un déficit de institucio- nalidad que la sociedad salvadoreña todavía debe compensar.

Fidel Sánchez Hernández fue el general que presidió la Repú­blica entre 1967 y 1972: encarnó la línea conti- nuista del Direc­torio Militar que, bajo los auspicios de Estados Uni­dos y el respeto a las formalida­des democráti­cas, neutralizó a partir de 1961 la Influencia cre­ciente de la revo­lución cubana en el continente.

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El presidente José María Lemus profundizó en la vía reformista de su antecesor, aunque a la potreros acabara reprimiendo los movimientos populares que él mismo había estimulado.

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